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Fin de la cita previa obligatoria en la administración.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, ha anunciado que se va a eliminar la cita previa obligatoria en las administraciones públicas. Esta medida afectará a todos los ciudadanos que quieran realizar trámites presenciales, incluidos los usuarios de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Según Escrivá, la cita previa se impuso durante la pandemia para gestionar mejor la atención al público, pero ya no es necesaria. El ministro ha asegurado que la atención presencial no tiene sustitutos para algunos colectivos, como los mayores de 65 años o las personas con problemas de motilidad.

La eliminación de la cita previa se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. El Gobierno pretende así mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos, y facilitar el acceso a la información y a los trámites administrativos.

La medida beneficiará especialmente a los usuarios de la DGT, que podrán acudir a las oficinas de Tráfico sin necesidad de solicitar cita previa por internet o por teléfono. Esto agilizará los procesos de renovación, canje o expedición de permisos de conducir, matriculación de vehículos, pago de multas, o cualquier otro trámite relacionado con la circulación.

La DGT ha informado de que mantendrá el sistema de cita previa para aquellos usuarios que lo prefieran, y que seguirá ofreciendo la posibilidad de realizar algunos trámites de forma telemática a través de su sede electrónica o de la app miDGT. Además, ha recordado que las empresas y otras personas jurídicas deberán seguir realizando sus gestiones de manera electrónica.

La iniciativa del Gobierno ha sido bien recibida por los ciudadanos, que han expresado su satisfacción por la mayor flexibilidad y comodidad que supone poder acudir a las administraciones públicas sin cita previa. También ha sido aplaudida por los sindicatos de funcionarios, que han reclamado la eliminación de la tasa de reposición que limita la contratación de personal en el sector público.

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